ALIANZA BOLIVARIANA PARA LOS PUEBLOS DE NUESTRA AMÉRICA – ALBA-TCP

La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), es una plataforma de integración de los países de América Latina y el Caribe, que pone énfasis en la solidaridad, la complementariedad, la justicia y la cooperación. Es una alianza política, económica y social en defensa de la independencia, la autodeterminación y la identidad de los pueblos que la integran.

Nace el 14 de diciembre de 2004 por un acuerdo firmado entre Venezuela y Cuba, como forma de integración y unión de América Latina y el Caribe. Se proponía un modelo de desarrollo independiente con prioridad en la complementariedad regional que permita promover el desarrollo de todos y fortalecer la cooperación mediante el respeto mutuo y la solidaridad.
Para abril del 2006 se enriquece la ALBA con la propuesta del Tratado de Comercio de los Pueblos (TCP), que es un instrumento de intercambio solidario y complementario entre los países, destinado a beneficiar a los pueblos en contraposición a los Tratados de Libre Comercio.

En junio del 2009, los Jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros decidieron que el ALBA – TCP se denominará “Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos” (ALBA – TCP) en el entendido que el crecimiento y fortalecimiento político del ALBA – TCP  la constituye en una fuerza real y efectiva.

Actualmente la integran la República Bolivariana de Venezuela, República de Cuba, Estado Plurinacional de Bolivia, República de Nicaragua, Mancomunidad de Dominica, República del Ecuador, San Vicente y las Granadinas, Antigua y Barbuda, y Santa Lucía.

OBJETIVO DE LA ALBA-TCP

La ALBA no alberga criterios mercantilistas ni intereses egoístas de ganancia empresarial o beneficio nacional en perjuicio de otros pueblos. Busca tener una amplia visión latinoamericanista, que reconozca a la integración como motor del desarrollo e independencia de nuestros pueblos, siendo capaz de lograr lo que Bolívar concibió “ver formar en América la más grande nación del mundo, menos por su extensión y riqueza que por su libertad y gloria”,  y que Martí llamó  la “América Nuestra”, para diferenciarla de la otra América, expansionista y de apetitos imperiales.

LA IMPORTANCIA DE CONSTITUIR EL ESPACIO ECONÓMICO DEL ALBA

Entre las resoluciones alcanzadas en la XI Cumbre del ALBA, efectuada en Caracas, en febrero de 2012, una de las más destacadas es la decisión de constituir el Espacio Económico del ALBA-TCP o ECOALBA-TCP. No solo por tratarse de un acuerdo que manifiesta la creciente conciencia de que América Latina y el Caribe deben profundizar rápidamente su integración económica, sino también, por ubicar y determinar incluso el camino y el modo de lograr el principal desafío que actualmente enfrentamos: la conservación y ampliación de las capacidades productivas de todos y cada uno de nuestros países.

Actualmente nos encontramos asistiendo a la emergencia de un nuevo orden económico mundial, que conlleva transformaciones sociales y políticas tan o más profundas que aquéllas que dieron lugar a la “Revolución Industrial”. Pues, de modo análogo a lo sucedido en el s. XIX, cuando transformaciones institucionales posibilitaron separar el trabajo de la tierra, desde la década de los años 1970 nos hallamos en presencia de cambios normativos que permiten liberar el capital del trabajo, siendo la crisis financiera de 2008 un indicativo que tal proceso ya ha alcanzado una escala global.

El fenómeno de la independencia del capital frente al trabajo ha instaurado una nueva lógica en la reproducción y crecimiento de la economía mundial.  Las fuentes de beneficio económico ya no son los objetos materiales, sino las ideas. La competitividad, eficacia y rentabilidad de las inversiones ya no depende de los productores, sino de los consumidores. Y los flujos de capitales ya no buscan compromisos de largo plazo, sino que varían según la presencia o ausencia de consumidores y según la capacidad o no para generar o demandar ideas, sin que medie compromiso alguno para su permanencia en un determinado territorio. (Bauman, 2007:38)

En este nuevo escenario, el grado de autonomía alcanzado por los capitales en virtud de su libertad de movimiento contrasta enormemente con la sujeción territorial a la que se encuentran restringidas las estructuras productivas y la fuerza laboral de las economías nacionales. Así mismo, el poder que adquieren las empresas transnacionales conduce a que la población experimente o esté expuesta a un continuo deterioro de sus condiciones de empleo y de sus posibilidades de obtención de empleo. Consecuentemente, el riesgo de inestabilidad en la producción, en el empleo o en el comercio internacional se convierte en factor que ninguna economía nacional o regional puede dejar de considerar, dada la posibilidad de destrucción intempestiva de capitales que, hoy por hoy, pueden generar inversionistas y empresas transnacionales.

Enfrentar esta amenaza que vulnera la soberanía de los Estados no es tarea fácil, sobre todo para gobiernos y autoridades que aún aceptan desde lecturas simples la idea de que “el comercio internacional es el motor del crecimiento económico”. Pues, como demuestra Milberg (2004), en un contexto en el que el capital productivo actúa con un nivel acrecentado de movilidad, la idea de una especialización comercial basada en ventajas comparativas derivada de las dotaciones factoriales pierde validez.

Sobre la base de lo expuesto, la entrada en vigencia del «Acuerdo para la Constitución del Espacio Económico del ALBA-TCP» marca un hito en América Latina, al convertirse en el primer instrumento de integración latinoamericana que reconoce el derecho de los Estados a incidir de manera significativa en la configuración de las estructuras económicas regionales, basada en la cobertura de sus necesidades básicas, el uso racional de sus recursos naturales, la complementariedad y solidaridad para lograr el buen vivir y a su vez reducir las asimetrías entre sus miembros.

El Acuerdo para la Constitución del Espacio Económico del ALBA-TCP confiere al estado la responsabilidad de direccionar la configuración de las estructuras económicas nacionales para alcanzar un desarrollo justo, sustentable e inclusivo. La consecución de este objetivo está subordinado a reemplazar el concepto de competencia por el de capacidades productivas regionales. Bajo esta visión los países reivindican el derecho a producir bienes y servicios en función de sus necesidades, capacidades actuales y futuras. A su vez, los países pueden beneficiarse de las fortalezas productivas de sus miembros a través de la complementariedad productiva, comprendida en un concepto de fragmentación de la producción a nivel territorial que remunere con justicia al factor trabajo y reconozca la importancia del capital. En este contexto, el comercio y la inversión no son considerados como fin en sí mismos, sino como herramientas complementarias a los procesos de desarrollo.

Es imperativo modificar la forma en que miramos el comercio internacional y el ECOALBA-TCP propone una alternativa como instrumento de transformación necesario para configurar un nueva estructura económica regional que articule las economías nacionales orientando sus estructuras productivas a la satisfacción de un sistema de necesidades regionales, asegure las condiciones técnicas para realizar inversiones productivas regionales (grannacionales) y configure ordenamientos productivos verticales que contribuyan a que todas y cada una de las economías de la Región alcancen estados de equilibrio dinámico estables.

Actualmente se encuentra en discusión la propuesta de una Zona Económica Complementaria entre los países del ALBA, PETROCARIBE y MERCOSUR. Su primera fase está siendo coordinada por cinco países: Jamaica, Ecuador, Venezuela, Dominica y Nicaragua.